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Estado mexicano ignora diversidad de mujeres migrantes en Chiapas

ONU e Imumi presentan informe sobre su situación laboral

El Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes y mejorar su acceso a recursos, servicios y justicia, por lo que debe modificar su política migratoria y diseñar programas específicos y con enfoque de género que aborden sus necesidades, exigieron expertas.

En una iniciativa de ONU-Mujeres y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Ana Güezmes y Gretchen Kuhner –titulares, respectivamente, de ambas instancias– elaboraron el informe “Las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas. Recomendaciones de políticas públicas para garantizar el ejercicio de sus derechos”, que presentaron hoy en Tapachula, ciudad chiapaneca fronteriza con Guatemala.

En el documento se informa que en Chiapas existen tres grupos de trabajadoras migrantes que deben ser atendidos según la particularidad de su situación.

Más del 85 por ciento de la población migrante en el estado son personas nacidas en Centroamérica (CA) que residen y trabajan en Chiapas; de este total, una tercera parte son trabajadoras del hogar. Esta cifra representa al primer grupo de trabajadoras migrantes en la entidad.

El otro grupo son las trabajadoras fronterizas; es decir, aquellas que cruzan la frontera por menos de 24 horas –en promedio se registran 223 cruces de mujeres al día–, de las que 65 por ciento son vendedoras ambulantes y 31 por ciento trabajadoras del hogar.

El tercer grupo es el de las trabajadoras temporales que cruzan por más de 24 horas para trabajar en México, y que principalmente se ocupan como empleadas del hogar.

Casi todas las trabajadoras migrantes en México enfrentan bajos sueldos, no tienen condiciones laborales dignas, carecen de cobertura en salud, y el mercado de trabajo que se les ofrece es “sesgado, segmentado y racializado (racista)”, según documentaron las expertas.

Esta situación prevalece en el país a pesar de que las organizaciones civiles han insistido en documentar el impacto de las trabajadoras migrantes en el desarrollo del estado de Chiapas.

Como botón de muestra, la producción del café en la región del Soconusco depende de la mano de obra guatemalteca; el trabajo femenino en las etapas de vivero y en la selección de productos tiene un impacto en la calidad y el precio de los productos agrícolas.

A la par, por el trabajo del hogar que realizan, las guatemaltecas contribuyen a la reproducción social de las familias y permiten que la participación social de las mexicanas en el mercado laboral crezca, pese a la falta de políticas para conciliar el trabajo y la familia, aseguraron.

Desafíos para el Gobierno

Este documento, elaborado para “tomadores de decisiones”, presenta ocho “desafíos y recomendaciones” para proteger los derechos de las trabajadoras migrantes.

Las activistas exigieron transversalizar la perspectiva de género en los programas y acciones dirigidas a la población en contextos migratorios; y evaluar el impacto de género que tienen las políticas, programas y acciones en la población migrante.

Además, pidieron considerar los factores enraizados en la división sexual del trabajo y en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, así como la intersección de discriminaciones basadas en la clase social, etnia, religión, edad, etcétera.

Las expertas llamaron a realizar medidas afirmativas dirigidas a las mujeres; aumentar las oportunidades para emigrar con autorización para trabajar; y garantizar los derechos laborales.

Según el informe, las centroamericanas emigran a México por el desempleo, la inestabilidad política, y la inseguridad que padecen en sus países de origen.

En 2010, el 53 por ciento de personas (15 mil 323) que residieron en Chiapas, pero nacieron en Centroamérica, fueron mujeres, la mayoría casadas o unidas, con una edad promedio de 28 años y altos niveles de analfabetismo.

La tercera parte de esta población (4 mil 676 mujeres) forma parte de la Población Económicamente Activa y está ocupada en Chiapas. Las salvadoreñas se dedican al trabajo del hogar y servicios (meseras); las hondureñas se ocupan en comercios y servicios; y las guatemaltecas se concentran en el trabajo del hogar y el agrícola.

El informe analiza la aplicación de Recomendación General Número 26 sobre Trabajadoras Migrantes, del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y de las políticas y programas –como el Especial de Migración y el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018– que ha diseñado México para beneficio de la población migrante.

Fonte: Cimacnotícias - 03.03.2015

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