Una vez más, la historia nos obliga a reflexionar sobre la esencia de lo que significa ser un Ser Humano. Hoy, llamamos la atención sobre otro hecho cruel para los migrantes, como resultado de un acto más de la política de criminalización de la migración de la Casa Blanca, a poco más de 50 días del nuevo mandato. Desde que D. Trump asumió el cargo, su política migratoria xenófoba y discriminatoria ha provocado detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes latinos, pero también de otros países del Sur global. Han aumentado las detenciones de inmigrantes, contra los sin papeles, tanto los que han cometido delitos como los que no tienen antecedentes penales. Estas acciones están peligrosamente inspiradas en ideas supremacistas que, convertidas en movimiento nacional, promueven la persecución de los extranjeros.
El gobierno de Panamá está colaborando con la política trumpista, colocándose como país «puente» para externalizar las fronteras estadounidenses, que trasladan a ese país la última etapa de los procesos de deportación. Al parecer, este acuerdo se da en el marco de las amenazas de Donald Trump de tomar el control del Canal de Panamá.
En la madrugada del domingo 9 de marzo llegaron a Panamá por la frontera del Darién 299 personas, ninguna de nacionalidad panameña, deportadas de Estados Unidos. La mayoría de ellos aceptaron la repatriación obligatoria a sus países de origen (declarada como «voluntaria» por los gobiernos implicados), dejando sin apoyo a 111 deportados que no aceptaron la repatriación. Las agencias humanitarias, con la colaboración de organizaciones religiosas, entre ellas las Hermanas Ligia Ruiz y Alma Rosa Huertes, de las Misioneras Scalabrinianas, se han movilizado desde entonces para ayudar a personas de más de 15 nacionalidades procedentes de India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka, entre otros países.
Para coordinar la acogida en el centro jesuita Fe y Alegría, muchas organizaciones trabajaron conjuntamente. La Misión San Juan Bautista Scalabrini, que está presente en Panamá desde 9 meses, forma parte de la RED CLAMOR y está llamando la atención del mundo sobre otra violación de los derechos humanos de las personas en movilidad y colaborando con acciones de articulación y de atención directa. La Hermana Ligia, MSCS, dijo que de las personas que se quedaron en Panamá, algunas «que consideramos las más vulnerables fueron ubicadas en el Hogar Luisa, donde la Misión Scalabriniana (Hermanas y Padres) forman parte del Equipo de Pastoral para la Movilidad Humana (PMH) – Arquidiócesis de Panamá». El Hogar Luisa, donde también trabaja directamente la Hermana Alma Rosa, es un centro de atención integral al migrante donde actualmente se alojan familias venezolanas, con espacio limitado para acoger a estos nuevos migrantes.
Sobre las acciones que se están llevando a cabo a nivel logístico y de coordinación entre los miembros de la RED CLAMOR y para acoger a los migrantes transcontinentales, la Hermana Ligia explica: «Veo muy fundamental nuestro carisma scalabriniano junto con los sacerdotes, aquí estamos en clave de trabajo conjunto, trabajo sinodal, y eso es lo que queremos hacer, desde la RED CLAMOR, desde las otras áreas de pastoral social, incluso ecuménicamente, ya que la Iglesia Bautista y otros organismos se están uniendo a cada momento, cada vez más.»
A pesar de las limitaciones de recursos humanos y financieros, la Misión San Juan Bautista Scalabrini expresa su compromiso ante la emergencia y denuncia una vez más las políticas anti-migratorias de Estados Unidos y de los países que lo apoyan. Al mismo tiempo, unimos esfuerzos de solidaridad e incidencia, para que juntos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, logremos incidir.
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